Sebastián Piñera fue consistente cuando apoyó al Gobierno en el propósito de legislar en torno a la distribución de la píldora del día después, pues actuó conforme a lo que piensa -que el fármaco no es abortivo- y dejó atrás una actitud ambigüa mediante la que -dejando en libertad de conciencia a su sector- excusaba a sus partidarios ante un eventual fracaso del proyecto de ley. Esto le da credibilidad y además no lo perjudica pues ya a estas alturas nadie va a cambiar su voto, pues las posiciones están por todos conocidas.

No obstante, me preocupa lo que el candidato quiere integrar a la legislación una serie de aderezos destinados a manejar los equilibrios políticos que no tienen que ver directamente con el tema central, que es permitir el acceso de las mujeres a un método anticonceptivo, porque eso puede llevar a que la ley final sea un engendro engorroso basado en un debate bizantino para dar pie a 40 interpretaciones, que termine como una alfombra persa con todos los matices habidos y por haber, pero que sea ineficiente para el propósito para la que fue concebida.

Más preocupante es la anunciada batalla jurídica avisada por quienes se oponen a la distribución de la píldora, porque se ve que no es una estrategia para debatir democráticamente el tema, sino para usar los tribunales mediante una tinterillada y así ejercer el control sobre las personas de sectores populares, porque no les importa que quienes tengan recursos puedan ir y comprar la píldora en farmacias, sino que se oponen a que ésta sea distribuída gratuitamente a través del sistema de salud público, en un acto que molesta, porque da cuenta de un sector que sigue arrogándose la atribución de decidir por otros. Es molesto también porque esta estrategia supone la manipulación de los tribunales, por lo que también es hora de que los jueces se den cuenta y dejen de servir de tontos útiles para los proyectos autoritarios de un sector político.