En lugar de defender la permanencia de una sede que ha servido hongo a Valparaíso, nada que no sean frecuentes marchas de protesta que congestionan el estrecho plan de la ciudad-puerto y degeneran a menudo en acciones vandálicas contra el mísero equipamiento público, habría que ponerse a negociar qué se instala en ese tremendo edificio.

Por Raúl Gutiérrez V., fundador y ex editor del GRANVALPARAISO.CL
Agosto de 2009

ESTA COLUMNA ES un clásico al que puede echarse mano con frecuencia, cada vez que alguna autoridad o político sugiere la conveniencia de terminar de instalar el Congreso Nacional en Santiago. En verdad, hace tiempo que en buena medida el trabajo legislativo se lleva a cabo en el antiguo y noble edificio del Congreso en pleno centro de la capital, fenómeno del que parecen no haberse percatado los ardorosos pero ineptos defensores de la permanencia de la sede del poder Legislativo en nuestra ciudad puerto.

Son tan patéticos los próceres locales, incluidos los periodistas que se precian de formar opinión pública, partiendo por el El Mercurio de Valparaíso, que puede que algún día nos encontremos con un edificio vacío, carente de toda actividad, pero que ellos sigan satisfechos… porque el Congreso no se ha movido de Valparaíso.

Ahora, a pocos meses de las elecciones presidenciales y de parlamentarios, quien ha puesto el tema nuevamente sobre la mesa ha sido el Ministro del Interior, vale decir el segundo hombre del Gobierno de la Presidenta Bachelet.

Entonces, mientras nuestros representantes, políticos y mediáticos, incluidos algunos farsantes afuerinos a los cuales les bajó un súbito amor por Valparaíso al punto de querer representarlo en la Cámara o el Senado, repiten sus argumentos reveladores de la carencia de neuronas, a nosotros no nos queda otra que desempolvar y enchular este artículo que fue escrito a comienzos de 2006, pero que como apreciarán nuestros amables lectores mantiene plena vigencia.

LOS COMENTARIOS DEL  Ministro del Interior acerca de la conveniencia de que el Congreso Nacional retorne a Santiago ha desatado una vez más en la zona la tradicional gritadera, tan inútil como cacareo de gallina y tan carente de fundamento, que mueve a sugerir a quienes lo protagonizan que por favor guarden silencio. Es que las razones que esgrimen para mantener el Congreso en Valparaíso son de una orfandad intelectual lamentable, que sólo parece servir los intereses de quienes quieren terminar de llevarse a la capital lo que pomposamente algunos llaman “el Parlamento”.

Señalemos, de partida, que la instalación del Congreso Nacional en Valparaíso ha servido hongo para promover la regionalización o descentralización,  en un país en que la metrópoli sigue teniendo un peso abrumador  en la vida política y económica del país. Eso de “crecimiento con equidad” que prometieron los líderes concertacionistas hace 20 años no ha psado de ser un chiste en lo tocante a la relación provincias-Santiago y es una prueba dolorosa de nuestro subdesarrollo, pese a la pretensión de tanto farsante que anda diciendo que nuestro país se encuentra en el umbral del desarrollo.

Chile adolece de un presidencialismo atroz que se acrecentó bajo el Gobierno del arrogante Ricardo Lagos y que significa que todas las decisiones importantes se adoptan en Santiago, pensando en el bienestar de los capitalinos y con olímpico desprecio por las regiones. Uno de los ejemplos más patéticos en tal sentido lo constituye el funcionamiento de las comisiones regionales de medio ambiente (coremas), las cuales deben intervenir en la aprobación de importantes proyectos productivos que tienen efectos sobre el entorno. Supuestamente, estas comisiones están integradas por personajes que representan el interés de las comunidades locales, pero eso es solamente en el papel, porque en la práctica los personajillos que aceptan asumir estos roles no pasan de ser unos títeres que deben obedecer las órdenes que reciben desde Santiago, con lo cual se envilece y distorsiona por completo el papel de estas instancias regionales. Está también el desastre del Transantiago, para el cual la clase política ha encontrado al cabo de dos años de funcionamiento una solución consensuada que todos ellos han celebrado con lágrimas en los ojos, aseverando que se trata de una prueba de desprendimiento y madurez, en circunstancias de que constituye una indecencia. Sí, porque según este acuerdo, que dispone entregar recursos tanto para el Transantiago como para el resto de las regiones, los 6 millones de santiaguinos son equivalentes a los 10 millones de chilenos que viven en el resto del país.  De nuevo, ¡qué maravilloso concepto tienen nuestros políticos, casi todos ellos santiaguinos, tienen de la equidad!

Otra situación escandalosa la protagonizan quienes aceptan ser intendentes regionales, algunos de los cuales, llevados por afanes de grandeza, se consideran gobernantes de la región respectiva, en circunstancias de que están severamente sometidos a las instrucciones que reciben desde el Ministerio del Interior, más precisamente desde la Subsecretaría del Interior en Santiago.

De manera, pues, que el proceso de regionalización tiene muy poco que ver con la realización de sesiones de la Cámara de Diputados o del Senado en el edificio que a fines de la década de los 80 mandó a construir el dictador Augusto Pinochet.

De otro lado, el funcionamiento del Congreso en Valparaíso no ha tenido ni la menor repercusión favorable sobre el desarrollo de la región o la ciudad patrimonial de Chile. Es cosa de darse una vuelta por el entorno de este edificio, horroroso desde el punto de vista arquitectónico, para concluir que el traslado de las reuniones de los señores parlamentarios a Santiago o en cualquier otra ciudad del país, tendría ínfimo impacto sobre el quehacer de la ciudad; y esto ocurre así, porque los señores parlamentarios, sobre todo ahora que se dispone de una excelente carretera desde la capital, llegan a 120 kms por hora desde Santiago, celebran sus reuniones  y luego vuelven igualmente raudos a la capital. No es una exageración aseverar que pasan muy poco por Valparaíso, tal vez algo más por Viña, y que ni siquiera alojan aquí, porque Santiago está a un paso, sobre todo para quienes disponen de buenos automóviles, choferes y licencia para conducir, incluso a exceso de velocidad.

Para colmo, la presencia del Congreso en valparaíso se traducr en constantes incomodidades y perjuicios para la ciudad, debido a las frecuentes marchas de protestas de diversos gremios o sectores, los cuales a menudo acarrean su gente desde la capital. Las calles del estrecho plan de Valparaíso se congestionan y a menudo las protestas degeneran en desórdenes, con destrucción del mísero mobiliario urbano que va quedando y agravamiento del desaseo y el abandono. Por favor, vaya a darse un paseo por la Plaza O’Higgins, a un costado del Congreso y comprueba cuántos escaños en buen estado tiene. Sentirá ganas de llorar ante tanto abandono y pobreza.

En consecuencia, el edificio del Congreso aquí en Valparaíso ha cumplido perfectamente las expectativas que tenía el dictador cuando decidió erigirlo en la ciudad puerto. Pinochet, que pensaba seguir indefinidamente en el poder, soñaba con un Congreso títere, vale decir, que no le ocasionara mayores problemas y que le sirviera de pantalla para mostrar una supuesta democratización del país. Pensaba que le sería muy conveniente tenerlo fuera de Santiago para que los parlamentarios no fueran a darse ínfulas y ejercer algún tipo de presión sobre el Poder Ejecutivo. Diputados y senadores serían figuras puramente decorativas, en un esquema favorable al ejercicio arbitrario del poder por parte de Pinochet y sus sucesores.

Los representantes del partido transversal de los papagayos que aducen que el edificio del Congreso es un ícono de la regionalización del país ignoran, pues, lo que significa el concepto de regionalización o son simplemente comparsas del ideario político de la desprestigiada dictadura.

El argumento de que el traslado del Congreso significaría un costo adicional de 300 millones de dólares, los cuales podrían destinarse a fortalecer los servicios públicos de salud y educación, o a prestar ayuda a los cesantes en una ciudad en la que el desempleo se acerca a un alucinante 20% según las cifras oficiales, no se ha levantado, es curioso advertirlo, ante los anuncios de compra de fragatas, tanques o de agresivos aviones de guerra, lo cual mueve a poner en duda la solidez de los arrestos sociales al estilo del padre Hurtado que protagonizan algunos personajillos que cacarean contra el traslado del Congreso.

Ellos debieran también tener alguna vocación democrática un poquito más profunda y percatarse de que si diputados y senadores aprueban mayoritariamente instalarse en la capital del país, nadie debiera ponerles cortapisas, ya que después de todo esos parlamentarios son supuestamente representativos de la voluntad popular. Ningún Presidente de la República podría legítimamente desconocer esa voluntad de los parlamentarios, ya que por esa vía podría después desconocer el derecho que éstos tienen a fiscalizar los actos del Poder Ejecutivo o a negarse aprobar proyectos de ley que éste presentare al Congreso.

Pero el argumento más de fondo, sin duda, es que constituiría un pecado social, han dicho algunos, destinar importantes recursos a financiar el traslado del Congreso. El punto es que estos “lúcidos” defensores de Valparaíso no alcanzan en su enanismo intelectual a darse cuenta de que si el Congreso se va a Santiago o a Pelotillehue, el edificio del Congreso quedaría disponible y algo habría que instalar allí.

Si el edificio del Congreso va a seguir en pie y tendrá que ser ocupado por alguna empresa o institución… Entonces quiere decir que el zarpe del Congreso Nacional podría significar una ventaja para Valparaíso, la zona o la región, porque si el funcionamiento de las cámaras parlamentarias ha tenido una incidencia tan miserable sobre la vida de Valparaíso, al punto que los barrios circundantes siguen mostrando un penoso atraso y una enorme fealdad, hay que preguntarse qué acontecería si ese edificio se convirtiera en sede de otras empresas o actividades. Supongamos que pasa a ser ocupado por la mayor compañía que hay en Chile, la Corporación del Cobre (CODELCO), la más grande exportadora que tiene el país, la única empresa de categoría mundial que tiene Chile, la cual exporta casi el 100% de su producción. Magnífico sería que esta gigantesca firma nacional tuviera sus oficinas centrales mirando al océano, por donde embarca sus producciones de cobre y molibdeno.

E imaginemos, si es que el edificio le queda grande a CODELCO, cosa que podría ocurrir, que otros pisos son ocupados por la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), la principal importadora del país, la que trae desde naciones vecinas, desde el África o Asia, miles de toneladas de petróleo crudo para procesarlo en sus refinerías y asegurar el suministro de combustibles derivados de hidrocarburos. Qué tal si las oficinas de estas dos enormes empresas del Estado, que ocupan a cientos de funcionarios, la mayoría de ellos bien remunerados, se instalan en el edificio del Congreso. Téngase en cuenta que cientos de empleados con buenos trabajos pasarían a residir en la zona, demandando viviendas, propias o arrendadas, moviendo el comercio con sus compras, procurando matrícula para sus hijos, en fin, generando un impacto económico considerablemente superior al que provocan los parlamentarios en sus visitas relámpago al edificio del Congreso.

Cómo es posible que no haya entre los parlamentarios locales, entre los alcaldes de la zona, entre los intelectuales del Gran Valparaíso, algunas personas capaces de ir más allá del cloqueo gallinesco que se levanta cada vez que surge la amenaza del zarpe del Congreso y esgrima este tipo de argumentos, y procure entonces una negociación con los Poderes Ejecutivo y Legislativo, de manera que este éxodo del Congreso desde Valparaíso, el cual se va a producir tarde o temprano, signifique ventajas claras para la ciudad puerto. Mientras las fuerzas vivas (como dicen los siúticos) de Valparaíso y sus alrededores persistan en una defensa tan rasca del Congreso en la ciudad, no será posible avanzar hacia una solución creativa, que facilite el trabajo de los parlamentarios y se traduzca en un verdadero beneficio para una ciudad puerto que no sólo ha sido golpeada brutalmente por la pobreza y la cesantía, sino que parece condenada a seguir hundiéndose en el abandono.