Por Jaime Sierra Bosch

Ante la magnitud de los hechos post-sismo ocurridos desde el tsunami en adelante, principalmente en las ciudades de Concepción, Talca y otras cercanas y sus costeras, que fueron vividas por sus habitantes y vistas u oídas por quien tuviera un televisor o una radio encendida, durante el día del terremoto y los posteriores, los simples ciudadanos quedamos perplejos. ¿Porqué la máxima autoridad de la nación procedió como lo hizo, en forma ineficaz, primeramente ante el tsunami, luego ante los desórdenes, después ante los rescates, y finalmente ante la necesidad de ayuda en agua y víveres?. ¿Qué quedó de manifiesto del sector privado?. Pretendo aquí hacer un pequeño aporte con este breve análisis de este gran terremoto.

Tsunami.

La ola, cuyo arribo en algunas localidades fue casi inmediato, trajo muerte y destrucción. La destrucción, inevitable, no así las muertes. ¿Qué ocurrió aquí?. Aparte de la falta de preparación, hubo una gran descoordinación entre los encargados, producto a su vez de un sistema de alerta ineficiente. De hecho, ninguna coordinación habría servido para evitar las tragedias, esta vez. Todo sistema que incluya entre sus acciones el actuar humano, incorpora un elemento retardador y de error, y el sistema chileno de alerta de tsunami cuenta en sus procedimientos con más de un paso en que son personas las que deben darlos. Algunos de los procedimientos incluidos en el sistema de alerta son:

1) La emisión desde el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), emite un comunicado por radio (HF), a la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI), (por una persona).

2) ONEMI, recibe el comunicado desde SHOA, (por otra persona), y se establece un diálogo, vía HF.

(Nota: En este punto se debe destacar que lo que se espera es que ambas personas, de cada lado, se encuentren pro-activos en sus respectivos puestos de trabajo, y que puedan entenderse en su comunicación).

3) SHOA envía un fax a ONEMI, aportando los datos técnicos del evento tsunami, pudiendo afirmarlo o descartarlo.

4) ONEMI recibe ese fax, lo interpreta y toma acciones.

5) De afirmarse la existencia de tsunami, se comunica esto al Presidente, (la Presidente en este caso), para que autorice la alerta.

6) Se activa la alerta, en una cadena de procedimientos.

Como se ve, casi la totalidad del proceso incluye al factor humano, y el grado de automatismo es tendiente a cero. Error fatal e inexcusable para un país tan jactancioso como el nuestro. La pérdida de tiempo y el alto riesgo de error le son intrínsecos. En el caso que nos afectó, quedó de manifiesto. Las acusaciones mutuas, exculpatorias, aunque abundantes, no lograron, o no deberían, eximir de responsabilidades a las autoridades civiles y militares encargadas del proceso. Por su profesionalismo, los encargados del alerta de tsunami, más allá de todas las balbucientes e ininteligibles declaraciones del Ministro de Defensa, del día 28 de febrero, Francisco Vidal, deben pagar su inoperancia, y si se comprueba conducta culposa, deben responder con sus cargos, a lo menos, porque nuestra población no debe quedar en con la sensación de haber sido abusados, con la duda sobre si se actuó correctamente o si se hizo con negligencia, y con impunidad.

El pugilato verbal entre SHOA y ONEMI no fue más decoroso que el espectáculo de las turbas que tanto nos escandalizó. El fax de la Armada no resulta en excusa para Carmen Fernández, si se analiza bien. Aunque no fue taxativo o asertivo, en realidad está más cerca de decir que si hay tsunami que de decir que no lo hay. Dice: (el sismo) “fue de magnitud suficiente para generar un tsunami, se desconoce aún si se ha producido”, lo que es lógico, pues desde una oficina no podían constatarlo, menos de noche. Dada esta introducción, se cae en el error de comprometerse con avisar oportunamente si se generara. Sin embargo, es muy preciso al indicar horas de arribo de la ola a los distintos lugares. Bastaba con esto último para que la Directora de ONEMI tomara las providencias del caso. No le sirve de descargo el decir que dada la hora del sismo, sólo quedaban 11 minutos para dar la alerta a Talcahuano. Le quedaban 37 para alertar a Valparaíso, y más para otras costas. Y el fax decía “Las horas estimadas de arribo (de las olas)”; estimadas, lo que significa que podían llegar antes, pero también después, ella no lo sabía entonces. Por último, resulta contradictoria al excusarse de esa manera, comparándolo con cuando dice que la gente debió autoalertarse, ya que con un sismo de grado igual o mayor a 7, cuando la gente le cuesta caminar o mantenerse en pié; en Santiago ya nos costó mantenernos en pié. Con esos antecedentes, Fernández debió activar la alarma o dar la orden para ello, en vez de tratar de interpretar la gramática imprecisa del fax.

Las faltas a la verdad de Vidal también son antológicas. Quiso convencernos de que la alerta había sido dada, versión en pugna con las de SHOA y ONEMI, gracias a lo cual se habrían salvado cientos o miles de vidas. Aparentemente, esto no es correcto, pues todos asistimos a lo expresado en los medios de comunicaciones en cuanto a que las señales de alerta, a lo menos en Iloca, fueron dadas a la población por Carabineros, motu proprio, y gracias a ello muchas personas habrían logrado huir de las marejadas, y no gracias a los sistemas de alerta de SHOA. El proceder del Intendente Tohá también es digno de ser investigado.

Ya salió de su cargo el Capitán de Navío Mariano Rojas, ex Director de SHOA, para ser sometido a una “investigación Técnica”, no sumario, pero aún quedan cartas por jugar en su mesa. Quedan otros, incluidos la señora Fernández y el Intendente Tohá. Los responsables, como ya se dijo, deben pagar, sea quien sea, aquí y en Burundi.

Con respecto al sistema de alerta de tsunamis, este debe incluir la automatización y excluir lo más posible el factor humano, hasta sacar, sin vacilar, al nivel superior del Ejecutivo. Los directivos, tanto de SHOA como de ONEMI, siempre deben estar conectados a los servicios, hasta en sus duchas. Las redes de comunicación deben estar operativas el 100% del tiempo.

Sobre el tsunami entonces, investigación, cargos, juicios, pagos y replanteamientos procedimentales y tecnológicos.

Caos.

Hechos de pillaje y vandalismo pocas veces vistos en nuestro país, si es que, nos sacudieron los espíritus. Algunos tomaban posiciones comprensivas, entre los que me incluyo, mientras que otros lisa y llanamente acusaban de vándalos y saqueadores a todo aquel que tomara algo de los supermercados y almacenes que hubiera por su camino, sin la menor empatía de su parte hacia los desesperados. Ya el mismo día del 27, muchos estuvimos enterados de los hechos de saqueos que se cometían en San Pedro de la Paz, como lo hice público en mi página de facebook. Carabineros sabía lo que iba a ocurrir. También se supo de los mismos actos en Constitución, junto con la fuga de reos, y en la misma capital. Sin dudas, estuvimos ante un cuadro que bauticé como un cuadro de psicosis-colectiva-segregado-regionalmente, al que se sumaron, mimetizándose con los afectados, muchos de los elementos de los procederes más indeseable de nuestra sociedad. ¿Qué tan culpables son todos ellos?. Para una posterior respuestas a esta pregunta, no debe dejar de tenerse presente el hecho que, desde a lo menos 37 años, sistemáticamente, se ha desinformado, estupidizado, segregado, infamado, despreciado, materializado y empobrecido al bajo pueblo, envileciéndole, por lo que, y luego de haber actuado con toda negligencia tras tal catástrofe, públicos y privados, no era esperable su conducta decorosa y que, por lo demás, los supermercados y otras tiendas de abarrotes, se encontraban cerrados, mientras que las necesidades no, y no se esperaba que los mercados fueran reabastecidos prontamente. No critico aquí que los mercados se encontraran cerrados, era comprensible, no había electricidad y lo más probable es que todas sus estanterías estuvieran en los suelos.

Ya ocurridos los primeros hechos, (deplorables o no, y en distintos grados), o estando estos en marcha, fue que, el mismo 27, la alcaldesa de Concepción, Jacqueline van Rysselberghe, y no sólo ella, llamaron a la autoridad central a enviar tropas a las comunas afectadas, puesto que los saqueos se intensificaban y extendían hasta sus periferias, indiscriminadamente, y Carabineros se encontraba absolutamente sobrepasado.

Ante todas estas evidencias: ¿porqué la máxima autoridad de la nación procedió como lo hizo, negando en un principio la magnitud del problema y retardando las acciones?. Todas las explicaciones dadas por la autoridad hasta ahora, con respecto a la demora e ineficiencia en la utilización de las Fuerzas Armadas como herramienta para la reinstauración y mantención del orden, así como para la facilitación del rescate y la entrega de ayuda, han sobrado, principalmente por equivocadas. Aunque las justificaciones han ido por el lado de la necesidad de hacer un análisis previo (inexcusablemente lento), y por el de la planificación logística, (de lo que habría que preguntarse si las FFAA no cuentan con planificaciones tácticas), según se ha barruntado, las causas reales se corresponderían con la relación traumática de la ciudadanía con los cuerpos de defensa durante el último período militar de gobierno. Muchos de los que lo vivieron, de todas las tiendas, guardan fresca memoria de la tiranía, sobre todo las autoridades políticas, suponiendo estas que la civilidad comparte aún tales aprensiones así como la falta de confianza en las instituciones castrenses.

En efecto, los análisis situacionales puntuales por territorios debieron ser efectuados ya fuere por las intendencias, ya por las gobernaciones, por las SEREMIs relacionadas, los servicios públicos, y por las jefaturas zonales de las policías y de las mismas Fuerzas Armadas, (sino otros además), coordinados entre ellas, o en forma independiente, para posteriormente informar a la autoridad central. No existía la necesidad de la verificación de los hechos in situ por parte de la autoridad máxima, no resultaba necesario la visita de la Presidente en las localidades afectadas, por el contrario, fue un hecho entorpecedor y dilatador de las acciones estratégicas requeridas, y demostraron no sólo descoordinación entre las partes involucradas, sino que su ineficacia, así como la desconfianza del ejecutivo en las autoridades políticas designadas.

En cuanto a las medidas tácticas militares, tampoco es cierto que la tardanza de su movilización se debiera a la particularidad de la situación. A menos que me equivoque profundamente, (lo dudo, el ex Comandante en jefe de Ejército, Emilio Cheire lo confirmó), el estamento militar puede actuar en forma apremiada, pues su formación y ejercicios continuos le otorga una preparación especializada en la pronta ocupación de plazas y en su acantonamiento. El Ejecutivo intentó hacernos creer que la tardanza en el envío de las tropas se debió a que se trataba de una situación especial, en que se debía transportan agua y otros pertrechos, lo que resulta a todas luces inverosímil e inaceptable, por lo ya dicho. Las dotaciones por enviar han variado desde cantidades muy inferiores, desde el Regimiento Buin, pasando por el millar de soldados, hasta llegar a las cantidades actuales, del orden de los 14.000 entre Ejército y Armada. Las razones parecen más políticas que operacionales. Lo que debió hacer el Ejecutivo fue reaccionar instantáneamente, acudir en forma extendida a las FFAA para ocupar, militarmente, toda la sección del país que fue afectada, tal como si se tratase de una situación de guerra, pero entendiéndose que en esta “guerra” no hay enemigos que atacar, sino que compatriotas que rescatar. Ahora, la lógica nos puede hacer pensar que las cantidades de gentes de armas aún pueden ser mayores, si se detectara su necesidad de ser así. Esto pudiere resultar cierto si ocurrieran nuevos sismos que causaran desasosiego en la población, ya sea por sus intensidades como por sus periodicidades. Posiblemente aún sea una necesidad. Los medios y procedimientos de comunicación son tema aparte, aunque resulta claro que es absolutamente necesario su renovación.

También se necesita un cambio constitucional y nuevo ordenamiento jurídico para permitir estados de excepción distintos al estado de sitio, que de por sí, conlleva a situaciones de alto riesgo y vulnerabilidad de la población inocente, en cuanto a su seguridad y a sus libertades.

Por otra parte, la reacción de algunos sectores de la población amerita la más profunda reflexión y discusión sociológica y política de los próximos años, siempre que después de poco andar, no nos olvidemos de lo ocurrido, como solemos hacerlo.

Para futuros actos de la Fiscalía Nacional, debe tenerse presente que existen prioridades que deben orientar su actuar, que hubo un estado de desconcierto y pánico generalizados, y que mientras menos de primera necesidad fuere el objetivo del hurto, en su cantidad así como su calidad, más execrable y perseguible el acto. Asaltos a viviendas, máximo castigo, sobre todo con moradores al interior.

Sector privado.

La conducta del sector privado es materia de otro análisis aparte. Puede dividirse en dos partes, la primera dedicada a los comerciantes, la segunda al gran empresariado propietario de los servicios básicos, y la tercera al sector de la construcción.

Con respecto al primer sub-sector, se tuvo denuncias de que algunos comerciante estaban subiendo los precios de los artículos de primera necesidad ya el mismo día 27. Durante los días posteriores, una vez abiertos muchos supermercados, personalmente pude comprobar alzas en los precios en a lo menos uno de ellos, donde acudí, y de acuerdo a todos los dichos, no hubo razones justificadas para ello. Esta conducta no es sólo especulativa, sino que raya en lo antipatriótica, y podría ser catalogada como terrorista, si causar el terror fuera su resultado, ya que también pudo contribuir al caos. Afortunadamente, esta indigna actitud fue poco extendida, lo que prueba que el pueblo es mayoritariamente solidario, afortunadamente. La actitud del Gerente del supermercado Líder de Prat, en Concepción, es destacable.

De todas formas, en cualquiera estado de excepción, los mercados de las necesidades básicas deben ser intervenidos en los lugares en que tal estado se instaurase, lo que debe contemplarse en la legislación, para impedir el acaparamiento, la especulación y el “terrorismo comercial”.

Con respecto a los servicios básicos, agua, electricidad y combustibles, resulta claro que lo más engorroso de refaccionar y reponer, siendo también lo más vital, es el agua potable, la disposición de las aguas servidas y las aguas para incendios. La principal dificultad para volver a la normalidad radica en que sus redes de distribución son generalmente subterráneas, dificultándose su acceso, sobre todo después de un sismo. De las matrices a los domicilios, son miles de historias diferentes. Una nueva legislación resulta también aquí necesaria, que obligue a sus tenedores a contar con planes de contingencias y los acopios necesarios para surtir a la población del agua potable, ya sea en copas estables u otros medios. El abastecimiento de agua para incendios debe ser estudiado. No podemos permitirnos otra Roma chilena, como en lo que casi se convirtió Concepción.

La electricidad hasta el día 7 de marzo, aún no se encontraba repuesta en su totalidad. Las razones para ello fueron dadas por las empresas de transmisión y empoderadas por el ministro Tokman, quien creyó a pié juntillas lo dicho por los empresarios del sector, repetido luego por la vocera Pilar Armanet, el 1 de marzo. La causa esgrimida fue que había posibilidades de fugas de gas, por lo que se debía proceder con extrema cautela, manzana por manzana, poste a poste, casa por casa. Extraña razón, en ciudades en donde el gas de cañería se encontraba cortado, (en muchos lugares aún es así). Como fuera, una nueva legislación debe obligar a las compañías distribuidoras de energía a diferenciar la entrega, de modo de asegurar a hospitales, públicos y privados, cárceles, Carabineros, Bomberos, plantas de agua potable, y otras entidades y reparticiones de importancia estratégica o vital, su, sino inmediata, muy pronta y priorizada reposición.

Con los combustibles debe ocurrir algo similar, puesto que si bien esta vez el fenómeno ocurrió durante el verano, puede ocurrir la próxima vez durante el invierno, y tendríamos muchas fatalidades por lamentar por el frío.

La construcción develó algunos de sus misterios, mientras que otros permanecieron ocultos. Gran cantidad de edificios de altura mostraron debilidades inesperadas, que no resistieron la dura prueba. Mientras que uno se desplomaba, recién entregado, en la que se denominó imitativamente “zona cero”, cobrando sus víctimas fatales, en la ciudad de Concepción, otros, sumando distancias al cero, se inclinaron, mostraron sus osamentas de hierro, o se asentaron más allá de lo habitable, incluso hasta la región Metropolitana, donde en la ciudad de Maipú varios edificios, también nuevos, quedaron apoyados unos sobre otros, o sobre los vehículos de sus dueños, en precaria estabilidad. En algunos casos, las empresas constructoras han respondido honorablemente, mientras que en otros, la codicia y la cobardía han impedido a los responsables mostrar sus caras a sus clientes y a la opinión pública. Pero no sólo los edificios de altura sufrieron el impacto, muchos de hasta 4 pisos, soluciones habitacionales, literalmente colapsaron, como en el caso de Santa Cruz, en que fallecieron dos personas que habitaban el primer piso, luego que los dos de encima cayeran a plomo sobre este. Este hecho, como otros, ocurrieron lejos del epicentro, en lugares en que la intensidad no fue grado 8,8 de Richter (o Mw), como en el epicentro.

A pesar de las felicitaciones internas e internacionales, el hecho de que no hubiera más evidencias de daños en edificios y casas no forzosamente significa que las edificaciones no dañadas hubieran sido bien construidas, aunque tampoco lo descarta. Sólo deja abierta la posibilidad de que la dirección de la onda sísmica no tuviera un ángulo en que vulnerara sus estructuras, en esta ocasión.

No sólo las debilidades estructurales salieron a la luz. Durante la etapa de su construcción, las edificaciones no son controladas por nadie foráneo a la misma empresa constructora, ni tampoco de hacen pruebas técnicas posteriores, faltando una conveniente fiscalización por parte de alguna autoridad. La legislación actual, que libera a las edificadoras de tales controles, hecho conveniente para el sector. Tal legislación debe ser modificada, aún contrariando los deseos del siempre cuestionable Jaime Ravinet, opositor a ello. La nueva legalidad debe incluir elemento que transparenten las gestiones edilicias, para alejar cualquier sospecha de loby falto de ética.

Un nuevo país saldrá de todo esto, sino nada valió la pena. La concertación fracasó en este episodio, y le dio en bandeja de plata la gestión de la reconstrucción a Sebastián Piñera, quien asumirá como el presidente de la reconstrucción de Chile. Podrá cumplir con su palabra de 2000.000 o más empleos al año, y quizás sobrepase su promesa del millón. Luego, es probable que quizás ya nadie se acuerde que faltó a la otra, la de vender sus acciones de Lan, antes de investirse con el terciado tricolor.

JSB.

6 de marzo de 2010.

Nota: Es justo pensar que después de la guerra todos son generales, como se me ha dicho. Sin embargo, la mayor parte de lo aquí escrito fue presentado anteriormente, en forma seccionada, durante los días 27 de febrero y 6 de marzo de 2010. Quienes estén interesados en corroborarlo, pueden buscar la información, por mi nombre.