Tras casi dos semanas de discusión del Proyecto de Ley destinado a obtener recursos para el financiamiento de la reconstrucción del país en el Parlamento, observamos con preocupación que la propuesta del Ejecutivo está lejos de generar los recursos indispensables para este objetivo y, por el contrario, podría significar, en el mediano plazo, una disminución de la recaudación fiscal por efecto de contenidos y modificaciones equivocadas promovidas por el propio Gobierno y sus parlamentarios.
 
Una menor recaudación:
 
El proyecto, bajo la apariencia de generar más recursos fiscales, está construido sobre la base de alzas de impuestos transitorias – salvo la del tabaco – frente a disminuciones o exenciones permanentes.
 
Así, la rebaja permanente del impuesto de timbres y estampillas generará un menor flujo permanente de la recaudación fiscal que equivale a todo el rendimiento del paquete de incrementos propuesto.
 
Cabe hacer presente que esta medida no favorece en nada a las PYME, las que en virtud de la Ley 20.259 ya cuentan con un crédito que les permite deducir lo pagado de su débito IVA.
 
Retrocesos impuestos desde el propio Gobierno:
 
A lo anterior se agregan retrocesos impuestos desde el propio Gobierno, el que ha cedido a las presiones de grupos de interés y de parlamentarios, en materias tales como:
 
Ampliar a grandes empresas incentivos a las PYME: Se ha modificado la disposición que permitiría a las pequeñas y medianas empresas reinvertir sus utilidades, extendiéndola también a las grandes , lo que escapa de la pretendida propuesta reactivadora del Gobierno y se orienta a beneficiar a sectores que no necesitan este apoyo, lo que más bien parece una compensación al alza en el impuesto de primera categoría.
 
Sobretasa de bienes raíces: La acción de parlamentarios de la UDI y RN, en tanto, ha eliminado del proyecto en la Comisión de Hacienda la sobretasa a las contribuciones que afectaría a los inmuebles de mayor avalúo en el país.
 
Impuesto al tabaco: Se ha alterado la estructura del impuesto al tabaco, disminuyendo drásticamente el aporte inicial anunciado.
 
Depósitos convenidos: Mediante una indicación del Ejecutivo, se han flexibilizado las disposiciones que pretendían limitar hasta las 900 UF anuales las franquicias existentes para los depósitos convenidos, beneficio tributario al que accede un grupo muy limitado de cotizantes en el país, principalmente  ejecutivos de alto nivel.
 
 
Medidas equivocadas:
 
El efecto de esta evidente escasa recaudación que generará el proyecto ha obligado al Gobierno a adoptar medidas claramente equivocadas, tanto al interior del proyecto, como en forma paralela a éste, a saber:
 
-        Proponer un royalty minero que permitirá a las empresas acceder a extender su invariabilidad tributaria a cambio de apenas dos años de mayores aportes al Fisco. Estudios demuestran que este royalty significará a las grandes mineras comprar esa estabilidad a un precio significativamente menor al que les representó la norma vigente.
-        Plantear la enajenación de la participación fiscal en empresas sanitarias, lo que representa un grave error, más aún cuando el mundo y nuestro país comienzan a reconocer la importancia estratégica de los recursos hídricos.
-        Impulsar una masiva política de concesiones para renovar la infraestructura sanitaria, educacional y la reposición de ciertas obras públicas, cuyo impacto financiero futuro, a consecuencia del pago de las rentas por parte del Estado, debe analizarse adecuadamente.
 
Lo anterior nos lleva a advertir a la opinión pública que:
 
1.-       El proyecto de ley del Gobierno no generará la recaudación fiscal que se pretende, pues contempla exenciones y disminuciones tributarias permanentes que no sólo benefician a la PYME, sino al gran empresariado;
2.-       El proyecto de reconstrucción está siendo modificado por los propios parlamentarios de la Coalición de Gobierno en defensa de los sectores más acomodados del país, desvirtuando el pretendido aporte solidario pregonado por el Ejecutivo.
3.-       Las debilidades del proyecto del Gobierno y su incapacidad para generar los recursos que permitan reconstruir el país le están obligando a adoptar medidas que atentan contra el patrimonio de todos los chilenos.

Diputada Adriana Muñoz.