El presidente del Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami, se reunió hoy con representantes sindicales de la Confederación Bolivariana de Trabajadores del Transporte de Chile y del sindicato de las Araucarias, quienes llevan más de cinco días en paro luego de que la empresa de Transportes Araucarias y Trans Araucarias, concesionaria del Transantiago, les adeudara el sueldo del mes de junio y más de 15 meses de imposiciones impagas.

En la reunión, los dirigentes sindicales plantearon al equipo del PRO su descontento por el escaso apoyo del gobierno, ante lo cual el líder del PRO señaló, “Hoy le expresamos nuestro compromiso total y absoluto con la causa que este grupo de trabajadores está llevando a cabo. Las concesiones privadas en Chile no están vinculadas al pago de imposiciones y eso es un grave problema. “El Estado no puede hacerse el loco con el tema que afecta al Transantiago”

El problema radica en que no existe un mecanismo que proteja a los trabajadores cuando las empresas concesionarias dejan de pagar imposiciones. Éstas sólo reciben multas de parte de la Inspección del Trabajo, pero no existe responsabilidad solidaria del Estado con los trabajadores expuestos al incumplimiento de las empresas. Enríquez-Ominami agregó al respecto, “No basta con aplicar multas, este es un problema endémico que tiene que ver con que el Estado no tiene capacidad de coacción en contra de las empresas que abusan de los trabajadores”.

Este lunes, el gobierno caducó la concesión a la empresa por no prestar servicio y acumulación de multas. Sin embargo, la situación de los trabajadores sigue sin resolverse. Israel Campusano, vicepresidente de Acción Social del PRO, añadió al respecto, “”El gobierno debe asumir con responsabilidad, que no cuenta con instrumentos que aseguren que las concesionarias cumplan con sus trabajadores, deben corregirlo a la brevedad y mostrar su voluntad de ser parte de la solución y no del problema”.

Osvaldo Arancibia, representante de los sindicatos unidos de TransAraucaria señaló, “El problema está en el origen del Transantiago, que tiene un sistema que no protege a los trabajadores. El gobierno debe involucrarse en el problema, sino cada día más empresas aumentaran en sus protestas”.

Enriquez-Ominami concluyó, “El gobierno se comprometió a no tener una agenda regresiva con los trabajadores y este es el momento de demostrarlo. Esta es una buena oportunidad de aplicar, con todo el rigor de la ley, el poder que tiene el gobierno a favor de sus trabajadores”.

Sebastián Molina O.

Periodista