La decisión del Presidente Piñera de rechazar la posibilidad de un
indulto generalizado representa, sin duda, la imposición de la
prudencia por sobre cualquier promesa hecha en el pasado a los
militares procesados y condenados por violaciones a los derechos
humanos o el afán de pasar a la historia como el responsable de la
reconciliación entre los chilenos.

       La petición explícita de la Iglesia Católica chilena de dictar un
indulto con ocasión del bicentenario puso al Presidente de la
República en un verdadero zapato chino, porque inmediatamente se
produjeron reacciones de los bandos que estuvieron en pugna que
permitieron demostrar que no había ánimo para una reconciliación, que era un escenario indispensable para el indulto, aunque no se hubiera declarado explícitamente.

       Así las cosas, lo más prudente era hacer lo que finalmente hizo el
Presidente Piñera, es decir comprometerse a dejar fuera de cualquier
posible indulto a las personas condenadas por delitos especialmente
graves, y de manera clara los vinculados con las violaciones a los
derechos humanos, reservándose la facultad de otorgar indultos
particulares de acuerdo a la calificación puntual de algunos casos
especiales.

       Sobre lo ocurrido hay tres aspectos que deben señalarse, siendo lo
más llamativo la derrota de la Iglesia, a la que en otros tiempos le
hubiera bastado con hacer una proposición para que fuera aceptada sin reparos por todos los sectores.  En este caso, además de ser rechazada su presentación, una falla comunicacional en la explicación de la misma generó una suerte de frustración y la impresión de que comprende poco el estado de ánimo nacional respecto a los derechos humanos y la mantención de las rivalidades, posiblemente confundida por las encuestas que señalan una baja valoración de estos asuntos en la opinión pública.

       En segundo término, así como la Alianza criticó en el pasado el uso
dado por los presidentes de la Concertación a la facultad del indulto
y constató ahora lo difícil que es hacerse cargo de las
responsabilidades políticas derivadas de su uso, queda demostrado que se trata de una institución decimonónica e incluso de tiempos
monárquicos que tiene poca justificación en el presente.

       Por último, hay que constatar que los grupos y sectores que promueven la defensa de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos han tenido incidencia en lograr una definición presidencial que, en principio, responde a sus intereses.   Son pocas personas, es cierto, pero la fuerza del drama que representan más el impacto emocional en la opinión pública de exhibir este drama como un argumento en contra de la autoridad ha demostrado ser contundente, y ese es un factor que tendrá que tenerse en cuenta en adelante.

ANDRÉS ROJO T.
Periodista