Por Viviana Puentes Directora
Escuela de Auditoría Universidad de Las Américas
La Ley N° 21.755, publicada en julio de 2025, prorrogó la aplicación de la tasa reducida del 12,5 % del Impuesto de Primera Categoría para los contribuyentes acogidos al Régimen Pro Pyme. A diferencia de años anteriores, este beneficio quedó ahora condicionado al cumplimiento efectivo de los porcentajes de cotización previsional adicional establecidos en la normativa N° 21.735, los que ascienden a 1 %, 3,5 % y 4,25 % para los ejercicios 2025, 2026 y 2027, respectivamente. Para el año tributario 2028, la tasa se elevará a un 15 %, siempre que se haya cumplido con una cotización del 5 % al cierre del ejercicio.
Desde una perspectiva tributaria, esta medida representa un cambio relevante: se transita desde un enfoque exclusivamente tributario, hacia una política que integra el cumplimiento previsional como condición para acceder a beneficios fiscales, incentivando así la formalización laboral y el fortalecimiento del sistema previsional contributivo.
Si bien la ley no detalla expresamente el mecanismo mediante el cual se verificará el cumplimiento de esta condición, existen precedentes operativos que permiten anticipar cómo podría llevarse a cabo este control. Actualmente, los empleadores que cuentan con cinco o más trabajadores están obligados, conforme a la normativa vigente, a enviar mensualmente el Libro de Remuneraciones Electrónico (LRE) a la Dirección del Trabajo, el cual contiene el detalle de gratificaciones, cotizaciones legales y descuentos por colaborador.
Esa información es utilizada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) para generar la Declaración Jurada 1887, que debe presentarse anualmente durante el proceso de Operación Renta. Este cruce de data entre la Dirección del Trabajo y el SII, constituye un mecanismo ya disponible y operativo para verificar el cumplimiento del requisito previsional asociado a la aplicación de la tasa reducida.
Aunque la ley no establece un procedimiento específico, el control de este beneficio podría apoyarse perfectamente en las herramientas y sistemas de información ya existentes, permitiendo así un proceso de verificación eficiente, transparente y coherente con la política de fiscalización electrónica implementada en los últimos años.
La condicionalidad incorporada en la Ley N° 21.755 constituye una evolución relevante, que refuerza la coherencia entre los incentivos fiscales y los compromisos sociales del empleador. Se trata de una señal clara hacia la formalización y cumplimiento integral por parte de las pequeñas y medianas empresas, y de un ejemplo de cómo las políticas tributarias pueden alinearse con objetivos de desarrollo sostenible, sin necesidad de aumentar la carga impositiva, sino orientándola hacia el cumplimiento efectivo de obligaciones ya vigentes.