Por María Pilar Calderón
Decana Facultad de Educación, U. Central
La demanda por una educación pública y de calidad con el Estado como garante, es por cierto una bandera de lucha muy presente en las comunidades vinculadas a la educación. Padres y madres, docentes y directivos han declarado por más de 30 años, la urgente necesidad de establecer y asegurar la educación como un derecho social inapelable en el marco de un modelo de desarrollo y crecimiento afianzado en la justicia social y no fortalecido desde el modelo económico con fuerte regulación, no solo al marco operativo y de gestión para el crecimiento económico abierto y la competitividad, sino también afianzado al ideario que sustenta el proceso educativo con un valor por sí mismo, para la construcción de un proyecto país.
Se hace indispensable entonces comprender que el esperado cambio se inicia con mirada microsistémica desde el aula, con el reconocimiento de factores y deudas históricas presentes en nuestros actuales escenarios de desigualdad social y cultural, siendo precisamente ahí donde cobra real valor la figura del Estado, como agente protector y fortalecedor de un proyecto pedagógico y educativo con sentido y pertinencia cultural, con mirada de futuro y respeto a la trayectoria educativa construida.
Pero particularmente necesario en su rol de participe, junto a la comunidad educativa, en la toma de decisiones y en la construcción colectiva de un proyecto que justifique el retorno de la ansiada educación pública a sus manos.