Por Génesis Faundez, abogada especialista en derecho laboral de VA – Vidal Abogados
La Ley N° 21.724, que impone el cese obligatorio de funciones públicas a los 75 años a partir de 2027, ha reabierto un debate profundo sobre el trato que el Estado otorga a sus trabajadores y sobre los límites del principio de igualdad. No se trata sólo de un cambio normativo: se trata de cómo concebimos el trabajo en la última etapa de la vida profesional, y de qué manera la legislación puede o no consagrar formas encubiertas de discriminación por edad.
Desde el equipo laboral de VA – Vidal Abogados, hemos seguido con especial atención la discusión jurídica, social y ética que esta norma ha generado. Si bien comprendemos la necesidad de modernizar el aparato estatal y promover recambio generacional, nos parece imprescindible que esa transformación se haga con pleno respeto a los derechos fundamentales de las personas. Imponer una edad de corte automático, sin evaluación del desempeño, de la salud ni de las competencias, puede derivar fácilmente en una vulneración al principio constitucional de igualdad ante la ley.
Este tipo de disposiciones obligan a repensar cómo se gestiona la desvinculación en el sector público, qué mecanismos pueden implementarse para transiciones laborales justas, y cómo armonizar eficiencia con inclusión. También nos empujan a revisar el impacto reputacional que puede tener una medida de este tipo para una institución pública que busca ser ejemplo de buenas prácticas laborales.
La experiencia de nuestro equipo en asesoría a entidades públicas y privadas demuestra que existen formas legales más equilibradas de promover renovación sin sacrificar legitimidad ni dañar la trayectoria de quienes han aportado durante décadas al servicio público. Evaluaciones objetivas, incentivos voluntarios, programas de retiro negociado y planes de sucesión son herramientas que pueden reemplazar la rigidez de una regla que, en su aplicación indiscriminada, corre el riesgo de ser impugnada judicialmente.
En VA – Vidal Abogados, asesoramos a nuestros clientes en cómo enfrentar este tipo de cambios normativos con visión estratégica, cumplimiento normativo y gestión del riesgo legal. Acompañamos procesos de adecuación institucional, diseño de políticas internas compatibles con derechos fundamentales y defensa ante eventuales reclamos por discriminación.
Hoy más que nunca, el derecho laboral exige una lectura sensible, técnica y moderna. Y ahí es donde nuestra experiencia se convierte en una ventaja concreta para quienes necesitan navegar con seguridad en contextos de cambio.