Por Edgardo Riveros Marín
Académico Facultad de Derecho y Humanidades, UCEN
Preocupa con razón la baja participación de la ciudadanía en las elecciones. Ha pasado a ser un fenómeno estructural que la concurrencia de quienes tienen derecho a elegir, cualquiera sea el tipo de autoridad a determinar apenas se empine en un 50%, en el mejor de los casos.
Pueden existir causas coyunturales especiales para una situación crítica como la de la segunda vuelta de elección de gobernadores; como los efectos de la pandemia motivada por el Covid-19, la cuarentena decretada en gran parte del país a raíz de ella y la falta de información acerca de la naturaleza de la elección que se verificaba.
Una razón general de la situación estructural del bajo porcentaje de participación en este ejercicio, tan vital en un sistema democrático, puede encontrarse en la voluntariedad del sufragio y, por tanto, es conveniente corregir la legislación y retornar a su carácter obligatorio.
No obstante, esta medida se ubica dentro de los parámetros clásicos de nuestra estructura jurídica, cual es, hacer descansar el cumplimiento de deberes sociales fundamentales no tanto en la responsabilidad que surge del compromiso con un bien que se justifica por sí mismo y que debiera encontrar natural adhesión de las personas, sino en el temor a una eventual sanción. Se corre el riesgo por la urgencia y necesidad de legislar sobre la materia, que ello sea insuficiente para lograr un compromiso ciudadano acorde con el fortalecimiento de nuestro sistema democrático.
Importante es generar las acciones tendientes a reforzar la participación de nuestro universo electoral. De partida, es imprescindible el retorno y fortalecimiento de la formación cívica en los diversos niveles educacionales. En ello juega un rol significativo el objetivo de entregar conocimiento acerca de las diversas instituciones en cuanto a su composición y atribuciones, como así también la incidencia que estos órganos tienen en la marcha del país y de cada uno de quienes, como población, formamos parte de la sociedad.
También los integrantes de los diversos poderes del Estado con su actuación, acorde con la importancia de la tarea que desempeñan, deben colaborar a su prestigio y generación de respeto. Sin estos componentes es difícil atraer el respaldo y motivación reflexionada de los electores, lo que resulta imprescindible para el otorgamiento de la confianza que implica elegir a quienes los representarán en las tareas públicas.
En esta perspectiva es también significativo aprovechar la oportunidad que ofrecen los procesos electorales para privilegiar el debate en torno a ideas y programas que generen opciones verificables en cuanto a su cumplimiento. Esto prestigia la política y reemplaza los slogans vacíos de contenido y las descalificaciones que ahuyentan más de lo que convocan.