LA REVOLUCIÓN DE LOS INÚTILES

Por Santiago Escobar
Edición Primerapiedra.cl

No es la primera vez que un error administrativo o una ineficiencia funcionaria afecta a miles de ciudadanos en el país. Ya ocurrió en el sector salud con las comunicaciones a los VIH positivos hace algunos años. Pero sí es la primera en que el entontecimiento político y la falta de claridad en materia de responsabilidad funcionaria, pone al borde de la quiebra al sistema electoral nacional, y con ello la legitimidad democrática y la viabilidad de un proceso eleccionario. Con la baja confianza ciudadana en la política, el hecho remece inevitablemente todo el sistema.

Como por arte de magia, a solo pocos días del plazo fatal, aparece una solución: la inefable “Ley Corta” que permitiría votar en dos sedes alternativas a los damnificados por cambios arbitrarios de domicilio. No solo algo temerario, sino una forma absolutamente de emergencia, con ese artefacto nacional inventado para solucionar problemas que ni la razón ni la previsión debida lograron evitar que se produjeran. La ley corta, como parche curita, describe el corto entendimiento de una elite incapaz de salirse del corto plazo, con cortas ideas acerca de cómo funciona una democracia, inmediatista, y a la que no le da vergüenza autoproclamarse representante política. Todo es verdaderamente bochornoso, pues las señales de los problemas eran más que claras para todos los directamente responsables desde hace mucho tiempo.

Según los datos del SERVEL (y sus oficios enviados al Registro Civil) ya desde abril de 2014 se detectó errores en la confección del padrón. De ahí en adelante, no se entiende por qué siguieron los oficios en una y otra dirección, en un pin pon burocrático sin que nadie advirtiera –entre ellos el aparato político del gobierno- la gravedad de lo que estaba ocurriendo.

A nadie se le ocurrió, hasta hace pocos días y todavía de manera muy tibia (para no crear olitas al gobierno seguramente, como la advertencia hecha por el Presidente de la Cámara) de que finalmente el aparato público había acertado el loto de la estupidez funcionaria y, entre el SERVEL y el Registro Civil, se habían faenado el padrón electoral nacional y la posibilidad cierta de una elección municipal sin problemas.

La historia nos relata que el antiguo servicio electoral, un departamento de cuarto rango del Ministerio del Interior, mayoritariamente con procedimientos a mano, y bajo la dirección de un señor bien de derecha que había sido puesto allí por la dictadura, hizo un excelente trabajo para sostener de manera limpia y transparente todos los procesos electorales de reinstalación de la democracia. Los mismos que ahora acaban de fenecer en manos de un montón de inútiles.

El actual SERVEL, con sendos generales y cientistas políticos llenos de doctorados en su Consejo, que se han dedicado todo este tiempo a dar cátedra en cuanto programa de TV les invitan, sobre la “democracia en forma y sus procesos políticos”, y de fajarse en rounds políticos entre ellos y con partidos y candidatos, no advirtió, como era su obligación, que el proceso electoral en marcha, bajo su entera responsabilidad, estaba yendo a un despeñadero.

El SERVEL ha dicho que solo hace el padrón, con los datos que le envía el Registro Civil, o sea, un “se los advertimos pero nadie nos hizo caso”. Flor de lavada de manos y de entontecimiento honoris causa.

La dirigencia política y los partidos, y también el gobierno, ocupados en defenderse de los dineros truchos de las campañas políticas, o tratando de negociar el poder que les queda y que en el caso de la Nueva Mayoría llevó al SERVEL a los tribunales, también estuvo totalmente a contramano de los hechos. El gobierno solo reaccionó a menos de una semana del proceso eleccionario. Todo muy parecido al síndrome de Uganda: cualquier alarma es paranoia. Todo es producto de la calle y los disconformes de siempre.

Si el SERVEL y el Registro Civil se hubieran puesto de acuerdo para sabotear el padrón electoral y el desarrollo sano de las elecciones, no hubiera salido todo tan perfecto. Hoy, los electores cambiados son un margen de error de su propio voto, equivalente a un porcentaje no despreciable, entre un dos o tres por ciento del padrón total, y hasta un 10 % de los que voten, si estos llegan a cinco millones. ¿Un hombre igual un voto? Qué es eso en medio de la práctica del caos?

El último numerito puede ser la bomba de tiempo bajo forma de ley corta que pretenden aprobar, con la cual, con muy poca capacidad de control efectivo, casi 500 mil votos pueden emitirse en sedes alternativas a discrecionalidad del votante. ¿Será constitucional?

El pelo en la sopa es la poca confianza de que los poderes constituidos, es decir los que están en el poder como gobierno u posición, realmente estén preocupados de los 500 mil y de que vaya mucha gente a votar. El cálculo es que mientras menos gente vote, más posibilidad hay que los mismos se repitan el plato. Legitimidad? Ya se verá cómo se resuelve con una gran campaña de educación cívica o una ley corta de voto obligatorio. En términos reales, pareciera que lo más sano y transparente es dejar las cosas como están, y asumir las responsabilidades, políticas, funcionarias y, eventualmente, penales. Porque, eso sí, esta vez el vaso no se quebró solo.