Chile necesita crecer bastante más del 2% anual si quiere, en un mediano plazo, alcanzar el desarrollo. Para ello es fundamental la responsabilidad fiscal, estimular el ahorro e incentivar la inversión. Esto último se ve difícil si consideramos la permanente actitud del Estado de Chile, independiente del signo político de su administración, de alterar las condiciones y certezas tributarias, lo que se suma a ideas emanadas de la Convención Constituyente capaces de ahuyentar la inversión extranjera.
Por Iván Cifuentes, Director de Cifneg Consultores
En este mes de febrero se comenzó a pagar la Pensión Garantizada Universal, para lo que fue necesario un reajuste tributario que, en los hechos, constituye una reforma en toda regla, aun cuando haya sido diseñada en torno a la derogación de exenciones que la misma autoridad saliente calificó de “injustificables”. Todo cambio en el régimen tributario es, en realidad, una reforma, independiente de su magnitud.
Más allá de lo loable de las intenciones que impulsan estos cambios, es bueno reflexionar sobre algunas modificaciones especialmente sensibles. ¿Quién podría estar en desacuerdo con un impuesto al lujo orientado a gravar la adquisición de helicópteros, aviones, yates y vehículos por sobre los 40 millones de pesos? Desde luego que quien los adquiere puede pagar una tasa del 2% sobre su precio.
Lo mismo podríamos decir de la modificación a la tributación en la enajenación de valores con alta presencia en Bolsa, que gravará con un 10% como impuesto único a la renta, o bien la aplicación de una sobretasa del Impuesto Territorial, que aumenta del 0,275% al 0,425% para inmuebles con avalúo fiscal total superior a 1.510 UTA (995 millones de pesos). Otro gravamen se aplicará en calidad de impuesto a la herencia, a los dineros que reciban aquellos beneficiarios de seguros de vida, a los contratos que se celebren desde el 2022, una práctica no muy común en los sectores medios.
Pero hay otras modificaciones en la Ley 21.420 que pueden afectar a los sectores medios y populares, como la aplicación del IVA a todos los servicios salvo aquellos que, por ley, estén explícitamente exentos. Lo mismo con la eliminación paulatino del Crédito Especial Empresas Constructoras (CEEC), que desaparecerá por completo en 2025, lo que incidirá en un aumento en el valor de la vivienda cuando aún tenemos un déficit de 600 mil unidades.
Otro cambio que seguramente provocará escozor es la limitación de los beneficios DFL N°2, por las disposiciones establecidas en el Decreto con Fuerza de Ley N°2 de 1959, que se aplicarán a los propietarios de viviendas económicas respecto de todos los bienes raíces de su propiedad, cualquiera sea la fecha en que hayan sido adquiridos. Ciertamente, hay personas que no necesariamente son vulnerables y que abusaron de esta franquicia, pero poner coto a las extralimitaciones de ese grupo reducido, no debería afectar a las grandes mayorías que se beneficiaban de él. Acá nuevamente tenemos, que, por un mal uso de unos pocos, muchos se verán afectados.
El problema es evidente en un sistema económicamente conectado e interdependiente: todos estos tributos se traspasarán al consumidor, lo que irremediablemente incidirá en el encarecimiento del costo de la vida. Es iluso suponer que quien preste un servicio técnico, por ejemplo, asuma íntegramente este costo para no afectar a su cliente. Lo mismo las empresas constructoras que, irremediablemente, trasladarán el gravamen a los precios de las viviendas. Si bien la mayoría de estos cambios comenzarán a regir en 2023, generará dudas en decisiones de gasto y consumo, y supondrá un escollo adicional en la tarea de reactivar la economía en la etapa post-pandemia.
Hacemos un llamado a que todo diseño de política pública considere el peso de la realidad y se haga en consonancia con la debida responsabilidad fiscal, y que la satisfacción de las necesidades de la población no genere perjuicios que pudieran agravar la situación general del país. El equilibrio es siempre precario y difícil de conseguir, pero las autoridades no deben aflojar en ese empeño.
No es positivo sumar nuevos palos en la rueda, en especial cuando algunos anunciados desde la Convención Constituyente pueden, por sí solos, provocar un freno económico complejo para el país y frustrante para la ciudadanía.