Por Cristián Fuentes V.
Académico Escuela de Gobierno y Comunicaciones UCEN
La Corporación de la Reforma Agraria (CORA) y la Comisión Nacional de Reforma Administrativa (CONARA), son ejemplos de instituciones creadas para acompañar, orientar y fortalecer transformaciones muy importantes realizadas durante el siglo XX en Chile.
A diferencia de las mutaciones ligadas a las organizaciones anteriormente citadas, en la tercera década del siglo XXI nuestro país vivirá cambios de una magnitud mucho mayor, puesto que se trata de la puesta en práctica de una nueva Constitución que redefine el orden político, económico y social, y hasta la cultura tradicional chilena.
Esto requerirá, primero, trabajar de manera permanente con la ciudadanía sobre las reglas del nuevo pacto social y político definidas por la Convención Constitucional y, en paralelo, implementarlas. Las diferentes etapas a transitar se conocen en inglés como “Constitution making” y “Constitution building” (elaboración y construcción constitucional), las cuales van disponiendo un entramado de estructuras, procedimientos y espacios de negociación, que requieren tiempo y perseverancia para completarlos.
Estos nuevos esquemas de poder requieren un proceso de adaptación que durará algunos años. Ello justifica la creación de una agencia estatal autónoma, dotada de una planta funcionaria reducida para atender sus necesidades básicas, ya que el grueso del personal surgiría de proyectos específicos.
Tal instancia no tendría carácter ejecutivo, sino que cumpliría con los objetivos de proveer conocimiento especializado para facilitar la adaptación funcional de los órganos correspondientes, asesorar al Estado sobre las reformas necesarias, sistematizar información y captar cooperación internacional para sostener la reorganización político-administrativa del país.
El cúmulo de desafíos que Chile enfrenta, demanda planificar con eficiencia, armonizar intereses y seleccionar los instrumentos técnicos más adecuados, para cumplir con el mandato que anima el marco constitucional que será sometido al escrutinio del pueblo soberano el próximo 4 de septiembre.