Financiamiento de la Política

Por Juan Cristóbal Portales y Juan Valdez

Sería redundante a esta altura pontificar sobre el caso Penta o los argumentos de algunos personeros de derecha en torno a las cifras, sobre quién o qué partido recibe más financiamiento de qué empresa o holding o AFP o Caja de Compensación o cualquier organismo privado con fines de lucro que defiende sus propios intereses y financia a sus propios representantes (aunque lo hagan con dineros ajenos). Lo que todo líder político que se precie de tal sí está llamado a hacer de forma responsable, es un ejercicio de lucidez y honestidad, asumiendo que la relación dinero y política es tan antigua como la propia democracia. Quizás más antigua aún. Y, a continuación, apartarse del cinismo reinante para alertar sobre los verdaderos problemas que amenazan el avance hacia una democracia participativa y procurar los mecanismos que nos ayuden a superar el atolladero de desafección y falta de legitimidad que rodean a nuestra noble y urgente actividad.

Lo interesante, en este minuto, es que dentro de un contexto de profundización democrática en el que estamos (supuestamente) inmersos, con aires constituyentes, fin del binominal, etc., aparezcan los fantasmas de la antigua república, esa marcada por el voto censitario, donde la ciudadanía se medía en ingresos imponibles, aunque dicha relación es bastante antojadiza en nuestro país, ya que no necesariamente significa que quien más tributa es quien más gana. Acá la tributación es una mezcla entre una ciencia oculta y un despliegue de amenazas y defensas corporativas.

El nuevo romance entre el Servicio de Impuestos Internos y algunos de nuestros representantes políticos parece estar relacionado entonces con la forma en que se distribuye el poder y los cargos públicos de elección popular, más que con las aristas delictuales destiladas a través de los medios. Seamos claros, lo que hay detrás del financiamiento a la actividad política no es otra cosa que la constatación violenta de la existencia de barreras de entrada a personas y grupos que no comulgan con los grupos de poder existentes. En el fondo, cuán democrático es nuestro sistema político.

A la luz de lo anterior, es justo y necesario requerir de cualquier liderazgo de carácter progresista, incluyendo el de nuestra Presidenta, que lideren una nueva “transición política” desde la opacidad y el oscurantismo del ancien régime a la translucidez de una democracia real y verdadera. Una transición que, por lo demás, supere los pequeños cálculos políticos sobre quién recibió más o menos fondos reservados, o a quién le tocaron el timbre de su casa y se sintió vejado en sus derechos humanos. Una transición que entienda una asimetría en los gastos de campañas como evidencia irrefutable de las profundas brechas de poder político y participación democrática de nuestro país. Una transición que aprenda de la experiencia internacional y tome el ejemplo de una Bolivia que elige por tercera vez a un presidente que representa a la mayoría indígena de sus ciudadanos. Algo impensable para un país como el nuestro, donde elegimos a quien mejor profita de intereses corporativos de carácter “reservado”. O de un Brasil que decidirá la elección presidencial en una segunda vuelta entre trabajadores, socialdemócratas y ecologistas. En ambos casos la derecha ha pasado a ser un pequeño grupo que representa sólo a los privilegiados de injusticias centenarias.

Dicho esto, cabe preguntarnos: ¿podremos aprender de lo que representa este conflicto al parecer contable y delictual, y centrarnos en el verdadero debate?

Si somos capaces de superar la frivolidad de la coyuntura actual, el paso siguiente sería la discusión amplia respecto de la instauración de un sistema público y transparente de financiamiento de los partidos y las candidaturas. Donde las posibilidades de obtener cargos de representación popular se encuentren determinadas por parámetros de representatividad y diversidad tales, que sean capaces de generar un sistema político inclusivo y, en definitiva, verdaderamente democrático.